Medir y calcular la sostenibilidad requiere de datos transparentes. Sin embargo, la energía renovable no siempre puede distinguirse físicamente una vez inyectada en las redes eléctricas y gasistas, lo que hace necesario un mecanismo de certificación de su origen.
La red eléctrica opera bajo principios físicos que impiden dirigir la electricidad desde un generador específico; por ejemplo, desde una granja solar en Almería hasta un enchufe concreto. Tal y como refiere la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) en sus informes sectoriales, la red eléctrica funciona como “un gran flujo común”. Una vez que una planta fotovoltaica o un parque eólico inyectan su energía en esa gran autopista energética, esta se vuelve indistinguible de la producida en otras centrales o plantas de origen fósil.
Para solventar este desafío, la Unión Europea consolidó el sistema de Garantías de Origen (GdO). Básicamente se trata de un certificado electrónico que funciona como el pasaporte oficial que puede certificar de forma fidedigna ante el consumidor final que la energía procede de fuentes renovables; fundamentalmente de plantas eólicas, solares u otras tecnologías.
Es un nuevo reto que busca emparejar el consumo con la generación renovable hora por hora, utilizando blockchain y otras tecnologías que ya se emplean en banca digital, y que opera como un libro de contabilidad inalterable que automatiza, agiliza y asegura los procedimientos.
La Directiva RED
El marco jurídico actual de este sistema se encuentra en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida como RED II, y posteriormente modificada por la RED III. Esta es la normativa europea define las GdO como documentos electrónicos destinados a demostrar al consumidor final que una cuota determinada de energía procede de fuentes renovables.
La Unión Europea ha definido estos certificados como instrumentos estandarizados de 1 MWh que caducan a los 12 meses de su emisión, promoviendo un flujo constante y real de generación renovable para poder abastecer la demanda del mercado.
En el ámbito de la electricidad, el comercio transfronterizo de energía sostenible se apoya en la Association of Issuing Bodies (AIB), la organización internacional que gestiona el European Energy Certificate System (EECS), un estándar que unifica los criterios de emisión de GdO en más de 30 países.
El contexto español
En España, el sistema está estrictamente supervisado por la Administración pública. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la entidad responsable de la gestión del Sistema de Garantías de Origen, regulado originalmente por la Orden ITC/1522/2007 del 24 de mayo del Ministerio de Industria.
¿Cómo opera en nuestro territorio peninsular e insular? Cada año, la CNMC realiza un proceso de ‘etiquetado’ de la electricidad, para emparejar las garantías emitidas por las plantas de generación con las remitidas por las empresas comercializadoras para sus clientes. Aunque el sistema de GdO se ha extendido en los últimos años y va más allá de la electricidad, incorporando también los gases renovables, la Comisión, como regulador público, se centra en la contabilidad y etiquetado de la electricidad suministrada, asegurando que un mismo MWh (megavatio hora) de origen renovable no pueda ser reclamado simultáneamente por dos consumidores distintos.
En definitiva, el sistema GdO no es solo una herramienta de auditoría pasiva; también actúa como un dinamizador de la transición energética. Como detalla la hoja de ruta de la gobernanza de la Unión de la Energía y la propia CNMC, los ingresos derivados de la venta de las GdO revierten a los productores de energía renovable con una pequeña fracción del precio del MWh, es decir, como un complemento al precio obtenido por la electricidad generada.
Sin duda, un impulso adicional para la inversión privada hacia la descarbonización, con la apuesta por la viabilidad de nuevos proyectos solares y eólicos, que vayan encaminados hacia una economía más sostenible. Así, las Garantías de Origen Renovable se consolidan como una herramienta clave para hacer visible y trazable el origen de la energía, aportando transparencia al mercado y favoreciendo la acreditación del consumo procedente de fuentes renovables.
