Martes, 3 de junio de 2025
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Compañías de sectores tan diferentes como el industrial, el tecnológico o el energético, entre las que se encuentran Moeve, Microsoft o Cabify, junto a representantes de la sociedad civil, se han unido para plantear un nuevo modelo productivo
El pasado 22 de mayo se presentó España verde y conectada, una alianza con más de 70 empresas del sector industrial, tecnológico, energético y representantes de la sociedad civil para impulsar la transformación económica e industrial de la mano de las energías renovables.
Los representantes de la nueva red de colaboración, de la que forman parte firmas como Iberdrola, Bosch, Moeve, Carrefour o Microsoft, desean “impulsar un proceso de diálogo e intercambio de conocimiento entre actores clave que comparten una visión común: fortalecer la autonomía energética y fomentar un desarrollo industrial sostenible y cohesionado”. Así lo han defendido durante las sesiones de trabajo en las que han identificado los principales retos y soluciones para lograr un nuevo modelo productivo. De esta forma, su propuesta busca garantizar un suministro energético autóctono que facilite la digitalización, la creación de empleo, la cohesión territorial y la reducción de emisiones.
Pero ¿cuál es el punto de partida? Actualmente, España cuenta con una oportunidad única gracias a su abundancia de recursos renovables. Estos le permitirían, según los miembros de la alianza, “mejorar su competitividad y reforzar su modelo económico” mediante una reindustrialización verde y digital. Disponer de energía renovable y local, impulsa la independencia energética y crea condiciones favorables para atraer inversiones en sectores estratégicos, como fábricas de baterías, centros de datos o industrias tecnológicas.
Sin embargo, en ocasiones estos proyectos no llegan a materializarse. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Las causas? “La falta de capacidad para conectarse a las redes eléctricas, la complejidad de los trámites y la elevada carga fiscal”, indican desde el recién creado clúster.
En 2024, “de los 67 GW de potencia eléctrica solicitados, tuvieron que rechazarse 33 GW (un 49%) por falta de red”, lo que supuso perder 60.000 millones de euros en inversiones. A ello se suma dilatados procesos de tramitación, que impiden aprovechar plenamente las oportunidades económicas disponibles.
Reducir la complejidad administrativa para impulsar la autonomía estratégica
Las propuestas de la alianza para que nuestro país sea la referencia sostenible y conectada de Europa son diez y el punto de partida es “reducir los plazos de tramitación” para proyectos industriales estratégicos con medidas como ventanillas únicas, procesos acelerados y eliminación de duplicidades. Agilizar y simplificar trámites administrativos permitiría atraer inversiones alineadas con la transición verde y digital. También reclaman introducir declaraciones responsables y silencios positivos para facilitar el acceso a la red y simplificar los trámites vinculados a las infraestructuras energéticas.
Junto a la simplificaci&on normativa, se plantea “reforzar los recursos administrativos y capacidades de seguimiento de los trámites”. Las guías de buenas prácticas locales se destacan como herramientas eficaces. Para la alianza, resulta clave garantizar el cumplimiento de los plazos y proporcionar mayor certidumbre a los promotores industriales, eliminando barreras que actualmente ralentizan el desarrollo de nuevos proyectos.
Aunque España cuenta con precios eléctricos competitivos, “el precio final que pagan los consumidores e industrias es de los más elevados de la UE” en parte por una elevada carga fiscal. El clúster aboga por reducir los cargos y la fiscalidad de la electricidad para no penalizar su consumo frente a vectores fósiles importados. Esta medida es clave para la competitividad industrial y en línea con el Clean Industrial Deal y el Action Plan for Affordable Energy de la UE.
Asimismo, España verde y conectada defiende el desarrollo de “capacidades industriales que refuercen nuestra autonomía estratégica”. Esto incluye apoyar a empresas que se descarbonicen y facilitar la llegada de industrias internacionales. Proponen mecanismos regulatorios que reduzcan el riesgo de invertir en tecnologías limpias, como ya han hecho Alemania o Países Bajos, y reforzar los ecosistemas productivos en torno a las renovables.
Por otra parte, “eliminar el tope a las inversiones en redes” es esencial para que España responda a la demanda futura. La alianza sugiere autorizar inversiones anticipadas —como ya hace Francia— y sobredimensionar infraestructuras para facilitar la llegada de nuevas industrias. La planificación debe ser dinámica y no reactiva, permitiendo que las empresas se conecten cuando lo necesiten, sin demoras estructurales.
La alianza sugiere atraer inversiones sin encarecer el recibo de la luz, con una fiscalidad adecuada. Nuestro país necesita ser competitivo en relación a países con condiciones similares del entorno europeo e internacional.
Empleo y cohesión territorial
Por otra parte, la transición energética puede ser una gran fuente de empleo, razón por la que la organización quiere promover los planes formativos, impulsar la recapacitación profesional y crear “un plan nacional de empleo verde” centrado especialmente en zonas rurales. Según el documento, podrían generarse entre 250.000 y 350.000 empleos hasta 2030 si se implementan las inversiones previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Finalmente, la alianza plantea integrar la cohesión territorial en la planificación industrial: “Debe tenerse en cuenta el potencial de cada territorio, especialmente de las zonas rurales”, subraya. Para lograrlo, reclama criterios de flexibilidad geográfica en la planificación de red e incentivos para la adquisición de suelo. “El modelo verde y conectado debe ser motor de equidad, desarrollo equilibrado y repoblación del medio rural”, concluye.
En definitiva, según el informe de posición de la nueva organización, “hace falta una mayor ambición en las políticas públicas” y un pacto de Estado que garantice estabilidad normativa. Esta transición , insisten, debe traducirse en “inversiones materiales, empleos de calidad y cohesión territorial”, asegurando que el crecimiento se distribuya en todo el territorio nacional. “Solo así España podrá consolidarse como potencia industrial y tecnológica”, concluyen.¿Te ha parecido interesante?
